Informe del CED de la ONU abre oportunidad histórica a una cooperación más efectiva para combatir a la desaparición de personas

Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) saludamos y reconocemos la importancia del informe del Comité Contra Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al amparo del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, donde el CED decidió llevar la situación de las desapariciones en México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de la ONU.

Dicha decisión ha sido tomada en base a la información que el Comité ha recopilado desde el año 2012 y aportaciones adicionales en 2025 tanto por parte del Estado mexicano como de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. Para nosotras, esta decisión refleja las preocupaciones de la comunidad internacional respecto de las limitaciones de las capacidades y esfuerzos del Estado para la prevención, persecución y sanción del delito.

Si bien gran parte de la información proporcionada se refiere a Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, el informe menciona que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas; aun cuando en su respuesta y en el comunicado del 02 de abril 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) rechazan que en México exista una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad y que sean cometidas de manera sistemática y generalizada.

El CED sustenta que bajo la interpretación de su análisis del Estatuto de Roma y de la propia Convención Internacional, “[…] existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios «ataques» generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, de conformidad con políticas estatales u organizacionales de cometer tales ataques o de promover esa política, es decir, políticas concebidas y/o aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por «organizaciones» que actúan de forma autónoma o con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de autoridades públicas en los ámbitos municipal, estatal y federal.”1

Para el CED, el Estado Mexicano ha hecho esfuerzos en acoger las recomendaciones emitidas e incluso ha remitido a otros Estados marco jurídico e institucional como ejemplo positivo; sin embargo, el continuo incremento de las desapariciones con 28,880 personas desapariciones reportadas en el periodo del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 20252, las más de 4,500 fosas clandestinas3 donde se ha encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos3  y los cerca de 72,000 restos humanos sin identificar a inicios de 2026, en comparación con 52,000 en el momento de la visita del CED en 20213 muestran que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces ante la magnitud de la realidad concreta. Existe responsabilidad estatal por la falta de resolución de casos y la impunidad que gozan los perpetradores.

Para las familias de personas desaparecidas, someter la responsabilidad del Estado mexicano ante la Asamblea General representa abre una oportunidad inédita ante la grave crisis que vive el multilateralismo para reorientar el debate de la cooperación internacional a la resolución constructiva de problemas concretos de la sociedad. Esto abriría una ventana de oportunidad para construir estrategias realmente novedosas para prevenir, perseguir y sancionar el delito, pero sobre todo de atender lo más importante y urgente para todas nosotras, ENCONTRAR, IDENTIFICAR Y REGRESAR A CASA A TODAS LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

Para ello, instamos al Estado mexicano a:

1. Seguir con la apertura al escrutinio internacional, reconociendo y aprovechando la campaña CED20 que se llevará a cabo a lo largo de 2026, celebrando el 20º aniversario de la Convención bajo el lema: “Las víctimas primero. Acciones ya.”
2. Retomar el diálogo para trabajar junto a las familias la mejor forma de atender la adaptación de las posibles medidas que emitirá la Asamblea General; y los pendientes de la construcción de una política pública acerca de las desapariciones, los cuales en su conjunto son necesarios para modificar las condiciones estructurales que permiten la desaparición.
3. Reforzar el compromiso y la voluntad política de priorizar el combate a las desapariciones en los tres órdenes de gobierno.

Para nosotras es importante que el Estado no solo identifique sus avances, sino que también asuma las responsabilidades que implican sus acciones y omisiones institucionales en la búsqueda, investigación y procuración de justicia que siguen sin dar resultados a pesar de los esfuerzos que hemos reconocido. El año pasado, durante las mesas abiertas por la Secretaría de Gobernación sostuvimos una interlocución respetuosa y propositiva. 

La perspectiva crítica no anula la construcción de comunes como en las mesas de abril pasado. Desde el MNDM seguimos apostando al diálogo y trabajo conjunto pero también a la autoevaluación de los resultados que siguen sin llegar, mientras no les tengamos de regreso en casa y cada día desaparezcan más personas, la deuda histórica y presente con las familias de personas desaparecidas estará vigente y en aumento. También mantenemos abierta nuestra invitación a la Presidenta Sheimbaum a mantener un encuentro de trabajo. 

Confiamos en que los Estados miembros de la ONU en la Asamblea General vean la necesidad de las miles de familias de personas desaparecidas de que el Gobierno de México siga esforzándose para atendernos, escucharnos y construir junto a las familias, que siempre hemos sido un actor dispuesto a colaborar en la construcción de capacidades en la estructura del Estado mexicano para erradicar la desaparición de personas y traerlos a todos de regreso.

¡Porque vivos se los llevaron,

VIVOS LOS QUEREMOS!

¡Sin las familias no! 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) 
Conformado por más de 90 colectivos de 26 estados de la República  mexicana, de 3 países de Centroamérica y de Estados Unidos de América.